09/05/2026 - La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) presentó una contundente denuncia contra el Reino Unido por lo que considera un sistema estructural de explotación pesquera en las Islas Malvinas que, según sus cálculos, sustrae anualmente más de 260.000 toneladas de recursos originados en aguas argentinas. El volumen capturado equivale a más de un tercio de toda la pesca nacional y configura, según la entidad, un esquema de apropiación de recursos migratorios con severo impacto económico, ambiental y social.

El trabajo fue liderado por el presidente de FULASP, Raúl Cereseto, quien viajó a las islas durante los primeros días de abril para relevar información in situ y reunirse con autoridades locales. A partir del análisis de registros oficiales, datos privados, monitoreo satelital y relevamientos propios, la organización concluyó que Londres consolidó un modelo de extracción basado en la entrega de licencias pesqueras de largo plazo —de hasta 25 años— a flotas extranjeras que explotan intensivamente especies vinculadas al ecosistema del Mar Argentino.

Números que alertan
Según el informe, durante 2024 la captura total en aguas bajo control británico alcanzó las 261.903 toneladas, uno de los niveles más elevados de los últimos años. Dentro de ese volumen sobresale el calamar Illex, con 146.689 toneladas capturadas, una de las cifras más altas de la última década.

FULASP señala que el Reino Unido obtendría alrededor de 39 millones de libras esterlinas anuales por permisos pesqueros, en un circuito económico que generaría cerca de 1.000 millones de dólares por año y representaría aproximadamente el 65% de los ingresos totales de las islas.

El circuito de la exportación
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el esquema operativo de descarga y exportación. El estudio sostiene que apenas el 20% de las capturas se descarga en Malvinas, mientras que un 10% se dirige al puerto de Montevideo y el 70% restante se transfiere directamente en alta mar hacia países receptores de las cuotas.

"Es muy evidente que no existe ningún tipo de desarrollo industrial en las islas, ya que incluso el volumen que se descarga en territorio isleño no genera empleo, porque se deposita directamente en contenedores refrigerados y se envía congelado", explicó Cereseto.

Flotas extranjeras y contradicciones diplomáticas
La investigación también pone el foco en la presencia de entre 100 y 120 buques con licencia activa por año, cifra que puede superar las 130 embarcaciones en los picos de temporada, especialmente durante la pesca del calamar. A ello se suma la participación de flotas europeas que operan bajo licencias británicas, pese a que sus países reconocen formalmente la soberanía argentina sobre las islas.

"Resulta inaceptable que países que manifiestan públicamente su respaldo a la posición argentina participen simultáneamente de un esquema que vulnera directamente sus derechos soberanos", sostuvo el titular de FULASP.
Otro de los aspectos señalados es la presión pesquera sobre la denominada milla 201, donde parte de la flota extranjera desarrolla tareas intensivas que, en algunos casos, derivarían en incursiones ilegales sobre la Zona Económica Exclusiva argentina. El informe añade un dato alarmante: entre 2013 y 2021 se registraron 59 tripulantes fallecidos en esa región, exponiendo condiciones laborales críticas y escasos controles en una zona clave del Atlántico Sudoccidental.

Alerta por colapso ecológico
Desde el punto de vista ambiental, FULASP advierte sobre señales concretas de sobreexplotación. La cancelación en 2024 de la segunda temporada de pesca del calamar Loligo por falta de biomasa es presentada como un indicador claro de deterioro del recurso. La entidad considera que, de continuar este modelo extractivo sin coordinación regional ni manejo sostenible, podría producirse un colapso ecológico irreversible que afecte no solo a las especies objetivo, sino también al equilibrio biológico de todo el Atlántico Sur.

La gravedad del planteo se refuerza porque los propios documentos pesqueros oficiales de las islas reconocen el carácter migratorio de las especies explotadas. Entre ellas figuran la merluza común, el calamar Illex, la polaca, la merluza de cola y el bacalao de profundidad, recursos que se desplazan entre la Zona Económica Exclusiva argentina, el alta mar y las aguas bajo control británico.

"Es muy grave que los propios informes británicos reconozcan que los recursos que explotan nacen, crecen o se reproducen en aguas argentinas y que lo sigan haciendo inescrupulosamente. Es decir, no hay discusión técnica: estamos frente a un proceso de apropiación de recursos migratorios que pertenecen al ecosistema del Mar Argentino", afirmó Cereseto.

Acciones diplomáticas en curso
Frente a este escenario, FULASP anunció una batería de presentaciones institucionales ante la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, el Mercosur, la Cancillería Argentina y la Unión Europea. El objetivo será reclamar acciones diplomáticas, ambientales y comerciales que frenen la explotación unilateral de recursos en territorio en disputa y suspendan beneficios arancelarios a productos pesqueros provenientes de Malvinas.

"Este no es un problema pesquero: es un problema de soberanía, de desarrollo económico y de sustentabilidad ambiental. El Reino Unido ha montado un sistema de extracción sistemática de recursos argentinos con complicidades internacionales, y eso debe ser denunciado en todos los ámbitos", concluyó Cereseto, sintetizando una denuncia que vuelve a poner en el centro del debate la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur y su impacto sobre la Argentina.

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