22/05/2025 - En un contexto marcado por la política de ajuste y paralización de la obra pública impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei, el Juzgado Federal de Río Gallegos emitió una sentencia contundente que obliga al Estado Nacional a ejecutar de manera inmediata las obras necesarias para garantizar la seguridad del puente sobre el Río Santa Cruz, ubicado en la estratégica Ruta Nacional N°3, a la altura de Comandante Luis Piedra Buena.

La medida fue dictada por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez en el marco de un amparo presentado por la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Cruz, que denunció durante meses “la inacción estatal frente a un riesgo estructural grave y concreto” en una de las vías más importantes para la conectividad terrestre del país.

El puente en cuestión es la única alternativa viable para el tránsito pesado y liviano entre el norte argentino y el extremo sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego y el sur de Chile. Su importancia logística es crítica, ya que la ruta alternativa, la Nacional N°40, incluye un tramo conocido como “los 73 malditos”, considerado prácticamente intransitable para vehículos comerciales y automóviles comunes.

Según se desprende del fallo judicial, los informes técnicos y las imágenes aportadas incluso por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) muestran con claridad signos visibles de deterioro: exposición de armaduras, desprendimientos de hormigón, corrosión en elementos metálicos, fisuras y asentamientos irregulares. Para el magistrado, esta situación representa un riesgo latente de colapso que podría derivar en “una catástrofe de grandes proporciones”.

A pesar de una medida cautelar previa que exigía intervenciones urgentes, el Estado Nacional no ha cumplido plenamente con lo ordenado. Si bien se han implementado controles de peso vehicular mediante una balanza fija operativa las 24 horas en la RN 3 y se gestiona una portátil para el acceso desde la RN 288, estas acciones no reemplazan las obras estructurales necesarias para recuperar la infraestructura.

La sentencia admite íntegramente el amparo presentado por la provincia y condena al Estado Nacional a garantizar el mantenimiento integral del puente en “óptimas condiciones”. Además, impone un plazo perentorio para la presentación de un plan de obras detallado y su respectivo cronograma, bajo la supervisión de expertos independientes.

Este fallo se da en un escenario de profunda crisis institucional dentro de la DNV, donde trabajadores del organismo llevan adelante una retención de servicios en protesta por “el inminente decreto de cierre de Vialidad Nacional”. 

En este contexto de recortes y desmantelamiento de organismos centrales de infraestructura, el fallo judicial pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de mantener una política pública sostenida en materia de obra pública, especialmente en regiones periféricas donde la conectividad tiene un valor estratégico tanto económico como social. La decisión del Poder Judicial evidencia cómo la falta de inversión estatal en infraestructura crítica puede derivar en situaciones de riesgo para la población y generar costosas respuestas judiciales cuando ya es demasiado tarde.

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