06/02/2025 - El jueves 6 de febrero de 2025, Ricardo Garramuño juró como diputado nacional en reemplazo de Héctor "Tito" Stefani, quien falleció meses atrás. La incorporación de Garramuño a la Cámara de Diputados se concretó después de una extensa disputa judicial que mantuvo en suspenso la definición sobre quién debía ocupar la banca.

El acto de asunción tuvo lugar pasadas las 12:30, previo al inicio de una sesión especial. En presencia del presidente de la Cámara, Martín Menem, Garramuño realizó el juramento protocolar por la Patria y los Santos Evangelios. A partir de ahora, ocupará su escaño hasta el 9 de diciembre de 2025, fecha en que culmina el período para el cual fue electo Stefani.

Una designación bajo debate
La llegada de Garramuño al Congreso estuvo envuelta en polémica debido a interpretaciones divergentes sobre la aplicación de la Ley de Paridad de Género. Inicialmente, el juez federal Federico Calvete había dictaminado que la vacante debía ser ocupada por Dalila Nora, quien figuraba como suplente inmediata en la lista electoral. El magistrado argumentó que la normativa buscaba garantizar una mayor representación femenina en el ámbito legislativo.

Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral revocó esa decisión tras una apelación presentada tanto por Garramuño como por autoridades de la Cámara de Diputados. Finalmente, se determinó que Garramuño, quien sigue el orden establecido en la lista original, tenía derecho a asumir el cargo.

Nueva configuración de la representación fueguina
Con la incorporación de Garramuño, la provincia de Tierra del Fuego cuenta ahora con cinco representantes en la Cámara de Diputados. Junto a él están Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), Andrea Freites (Unión por la Patria), Santiago Pauli (Libres del Sur) y Carolina Yutrovic (Unión por la Patria).

Por el momento, Garramuño no ha confirmado a qué bloque parlamentario se integrará, aunque su decisión podría tener un impacto significativo en el equilibrio político dentro del recinto.

Este caso puso en evidencia las tensiones entre normativas electorales vigentes y los principios de paridad de género, un tema que seguirá siendo objeto de debate en el ámbito legislativo y judicial.

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